miércoles, 25 de febrero de 2009

NOTICIAS DE ÚLTIMA HORA

Ha llegado a nuestra redacción la noticia de que, organizada por la Associació d´Amics de la História del Carlisme de Catalunya tendrá lugar, el próximo 9 de Mayo del 2009, y como colofón a los actos conmemorativos del 175 aniversario del Carlismo que viene realizando a lo largo de varios meses, un emblemático acto en el Real Monasterio de Poblet panteón de los Reyes de la Corona de Aragón.


Asimismo y con motivo de este acto se reunirá en capítulo, la Real Orden de los Caballeros y Damas de la Legitimidad Proscripta, que supondrá una amplia presencia de miembros de la Casa Real.


Los interesados en participar en dicho acto pueden dirigirse a la Associació d´Amics de la História del Carlisme de Catalunya, Rambla Nova, Número 116, Piso 7º, 2º, 43001 Tarragona, aportando su dirección o medio de contacto para mantenerle informado en todo momento.

miércoles, 18 de febrero de 2009

LA REAL ORDEN DE LA LEGITIMIDAD PROSCRIPTA

En la extensa historia del Carlismo, de más de ciento setenta y cinco años; han existido numerosas condecoraciones militares para premiar a aquellos que se distinguieron en diversas acciones bélicas durante cualquiera de las tres Guerras Carlistas del Siglo XIX, así por ejemplo tenemos la Cruz de Montejurra, la Medalla de Alpens o la de Somorrostro, todas ellas concedidas por S.M. Carlos VII a combatientes en la Tercera Guerra Carlista, pero solo existe una única e importantísima Orden creada en 1923 por S.M. Jaime III, hijo de Carlos VII y que pervive en el presente: la Orden de la Legitimidad Proscripta.


La Orden de la Legitimidad Proscripta fue creada el día 16 de Abril de 1923 por S.M. Jaime III en carta dirigida al Marques de Villores, encontrándose su origen en las noticias que el Rey recibía desde España de las persecuciones que sufrían sus leales proponiéndose su Majestad conferirla “a todos los que por sus sufrimientos o servicios se hagan dignos de ella” y solo mientras dure el destierro de los Reyes legítimos de las Españas, cesando, por tanto, “cuando la Divina Providencia se digne poner término a éste”. La Orden creada por don Jaime III tenía por objeto, a tenor de lo manifestado en la carta al Marqués de Villores, que “los condecorados con esta distinción o sus herederos puedan atestiguar públicamente los derechos que han adquirido a mi gratitud y a la de España, por el ejemplo de fidelidad que han dado a todos”.


La estructura de la Orden de la Legitimidad Proscripta queda establecida en la mencionada carta de don Jaime III que textualmente dice: “la Orden constará de tres grados: caballeros, oficiales y comendadores”. En casos excepcionales se reserva el Rey “el derecho de conceder Grandes Cruces”. Igualmente, “no se podrá obtener la Cruz de una Orden superior sin haber tenido antes la de la Orden inferior inmediata; es decir, que antes de ser comendador, habrá de pasar por la categoría de oficial, y antes de ser oficial, por la de caballero”.


Las insignias de la Orden de la Legitimidad Proscripta consisten “en una Cruz de Covadonga colgada de una cinta con barras verticales negras y verdes; negras, color del duelo del destierro, y verdes, color de la esperanza del triunfo”. La cinta “será sencilla para los caballeros, y llevará una pequeña roseta para los oficiales, y otra de mayor tamaño para los comendadores”.


Desde su creación en 1923 siempre han actuado como Grandes Maestres de la Orden los Reyes sucesores de Don Jaime, así Don Alfonso Carlos I y Don Javier I, quien, por cierto, jamás concedió la orden mientras que solo fue regente. A la muerte de éste en 1977, Su Majestad el Rey don Carlos Hugo de Borbón Parma ha recogido las obligaciones con la Orden de la Legitimidad Proscripta impuesta por sus antecesores y por la lealtad sobradamente demostrada de tantos y tantos carlistas y esta actuando como Gran Maestre dotando a la Orden de unos estatutos que nunca había tenido hasta ahora y convirtiéndola en la Real Orden de la Legitimidad Proscripta.

martes, 10 de febrero de 2009

UN DEBATE IRREAL

“Seguiré luchando por la tercera república española y malditas las guerras y canallas los que las apoyan”. Con estas lacónicas palabras comenzaba don Julio Anguita, pocas horas después de enterarse de la trágica muerte de su hijo en Irak, una conferencia con motivo del aniversario de la República Española de 1931. Sin duda la afirmación relativa a la guerra se puede y se debe compartir pues recordando a Herodoto “no hay nadie que en su sano juicio prefiera la guerra a la paz porque en tiempos de paz, los hijos entierran a sus padres y ello resulta normal; mientras que durante las guerras son los padres los que entierran a sus hijos y ello, alejado de toda normalidad, resulta antinatural”, pero la mención a la forma de gobierno, monárquica o republicana, siempre es cuestionable y en cualquier caso no se puede aceptar una u otra alegremente sin que existan unos mínimos análisis y estudios de los que, por otro lado, tanto agradan al dirigente comunista.

No cabe duda que la creciente aparición de banderas tricolores en las pasadas manifestaciones antibelicistas supone un revulsivo y un escándalo para los beatos de la monarquía encastillados en cierta centenaria corte de papel que apresuradamente comenzaron una denodada defensa de la institución monárquica personificada en Juan Carlos de Borbón; no obstante, todo este debate sobre la Monarquía o la República, aparece como irreal y ficticio por no decir claramente que resulta inútil y estéril.

Es innegable que la república tiene sus ventajas sobre la monarquía, así como también es innegable que la monarquía tiene sus ventajas sobre la república siendo una de ellas, cuando no la fundamental y única, que la función del monarca es constituir una magistratura que, estando por encima de toda opción y ambición política y económica (que no por encima de la ley), conserve la prerrogativa de garantizar en último extremo los derechos de los más desfavorecidos frente a todo abuso de los poderes políticos o económicos y sirva de garantía infranqueable frente a todo desviacionismo de la acción de gobierno hacia la tiranía y la ilegalidad. Pero hoy en día la cuestión no es esa, no es hacer grandes y eruditas disertaciones propias del clasicismo o del renacimiento sobre las formas de gobierno, hoy la cuestión es menos sabia y más grosera. En el mundo actual todo esta mezclado y confundido, no hay formas de gobierno puras y toda forma de estado responde a intereses espurios en los que el pueblo solo es un convidado de piedra en el carrusel electoral.

Si se observa y analiza la república moderna más antigua existente encarnada por Estados Unidos de América, vemos en ella elementos comunes a todos los estados occidentales contemporáneos con independencia de que se trate de monarquías o repúblicas. En ella el pueblo es convocado a las urnas con periodicidad y teóricamente cualquier ciudadano puede acceder a la Presidencia de la República, pero hay datos objetivos que no pueden dejar de llamar la atención como es el hecho de que en la República de los Estados Unidos el poder político esta en manos de algunas familias que históricamente han intervenido directa o indirectamente en el gobierno desde su independencia en 1776, así podemos citar entre otras muchas a la familia Roosvelt que dio dos presidentes y numerosos graduados en West Point, a la familia Kennedy que dio un presidente, varios candidatos a la presidencia y multitud de políticos menores (diplomáticos, senadores...), a la familia Bush, con otros dos presidentes proporcionados al emergente imperio y algún que otro Gobernador. A este hecho hay que añadir que los presidentes norteamericanos deben su acceso a la presidencia a grupos económicos y financieros encarnados también por un número reducido de familias como la Rockefeller (que también desempeña actividades políticas directas), la Morgan, la Vanderbilt, la Hearts, la Carnegie... que controlan poderosas multinacionales y medios de comunicación y que imponen la política a seguir al mismísimo gobierno a cambio de su apoyo siendo la forma de gobierno que realmente rige en Norteamérica no una república ni una monarquía sino una verdadera aristocracia en la que los intereses del pueblo resultan irrelevantes no gobernando por y para el interés general y bienestar común sino para el interés particular de esa misma aristocracia político-económica.

Por lo que respecta a nuestro país (que francamente, es el único que me interesa), a pesar de que la Constitución de 1978 viene a confirmar como forma de gobierno la monarquía que fue instaurada por voluntad exclusiva de “Su Excelencia” en 1969, viene a suceder lo mismo que en la anteriormente mencionada República Norteamericana y que en las demás repúblicas y monarquías del Hemisferio Norte. En Las Españas, desde hace más o menos doscientos años, el poder político es patrimonio casi exclusivo de unas pocas familias que, capeando incluso muy sangrientas turbulencias políticas, han mantenido siempre su presencia política con monarquías, repúblicas y dictaduras. Estas familias entre las que se encuentran los Aznar, los Suárez, los Cabanillas, los Fernández Cuesta, los Primo de Rivera, los Calvo Sotelo, los Morán, etc. ... perpetúan sus cargos transmitiéndoselos a sus descendientes y llevando una muy interesante táctica de enlaces matrimoniales entre ellos que les permiten conservar siempre su influencia con independencia del partido que resulte vencedor en las elecciones. A estas familias “políticas” hay que añadir la existencia de otras familias “económicas” que se perpetúan en la vida económica del país del mismo modo y que aportan el apoyo financiero, económico y mediático al poder político para que éste gobierne en beneficio de sus intereses. Así podemos observar con estupor que nuestra política europea esta dirigida por grupos financieros e industriales, nuestra reciente política internacional en Oriente Medio, concretamente en Irak, ha estado condicionada gravemente, desde 1991, por los intereses económicos de las petroleras y constructoras españolas y que las relaciones diplomáticas con los países hispanoamericanos esta en su práctica totalidad en manos privadas, en manos de empresas multinacionales como Telefónica, el Banco Bilbao-Vizcaya o el Banco Santander Central Hispano. También resulta claramente manifiesto que la política interior ejecutada por el gobierno central o por los gobiernos autonómicos no es efectivamente elaborada y planteada por el Congreso de los Diputados, por las Cámaras Autonómicas o por el Consejo de Ministros sino por ciertos consejos de administración de entidades financieras y empresariales.

Así pues, atendiendo a estos hechos difícilmente cuestionables, la discusión sobre la Monarquía o la República resulta un debate altamente irreal, no tanto por la verdaderamente escasa militancia monárquica o republicana como porque, hoy en día, ni la República es sinónimo de libertad ni la Monarquía equivale a estabilidad. Actualmente ha quedado sobradamente probado que tan bananera puede ser una Monarquía como una República y que tan criminal y tiránica puede ser una República como una Monarquía, siendo el sistema de gobierno universal que impera en todos los estado occidentales sin excepción un sistema neoaristocrático nacido de una muy provechosa simbiosis entre un reducido número de familias que ejercen el poder o la influencia política y otro numero igualmente reducido de familias que disponen del poder y la influencia financiera y económica.

(Artículo tomado del blog www.elgritodelalechuza.blogspot.com)

viernes, 6 de febrero de 2009

EL PUEBLO CARLISTA, LA REALIDAD PLURAL DEL CARLISMO

El término Pueblo deriva del latín populus y puede remitir, en un sentido de sociedad, a un conjunto de habitantes de una nación (o a una parte de ella, de una región o un país). Como acepción de ruralidad considera una entidad de población de menor tamaño que una villa o ciudad, dedicada principalmente a tareas agrícolas. Nosotros, lo entendemos en el sentido de pueblo llano, de clases populares, que en cada época ha sido conocido por diversos nombres. El común era el pueblo llano. Y el Carlismo siempre ha hablado del común, siempre ha opuesto el concepto de Pueblo al de masas, conjunto de individuos, etc.

Sin duda, algunos se rasgan las vestiduras cuando nos definimos como pueblo carlista, para éstos resulta complejo y polémico que nos definamos así. Pero, es evidente que el pueblo carlista posee unas características que lo identifican y lo diferencian del resto de habitantes del Estado en el que se encuentra englobado. Esta conciencia de pertenencia al Pueblo Carlista, deseoso de preservar la paz y la seguridad, favorece la protección de los derechos humanos de sus miembros ante los ataques sufridos por el aparato del Estado o de quienes, a lo largo de los últimos tres siglos, se han declarado sus enemigos, decretando su persecución o su discriminación extrema y sistemática, sin que parezca existir una solución factible para que desaparezca esta actitud represiva.

Ante este término polémico y que no ofrece un único significado, es común en la doctrina internacionalista y en el criterio de determinados organismos de Naciones Unidas elaborar sus definiciones mediante la conjunción de un elemento objetivo y otro subjetivo.

El elemento objetivo de esta definición lo constituye el conjunto de características que como grupo reúne, en su totalidad o en parte, y que establecen un vínculo entre sus miembros, que es muy superior a la simple asociación de individuos dentro de un estado. Entre otras características objetivas, el pueblo carlista presenta la existencia de una tradición histórica común, de identidad, de homogeneidad cultural, de respeto a las variantes lingüísticas de cada uno de los pueblos de las España, afinidad religiosa e ideológica, conexión geográfica o territorial, vida económica común e importancia cuantitativa.

El elemento subjetivo guarda correspondencia con la conciencia de ser un pueblo y, también, con la voluntad de que se le identifique como tal. A estos efectos, el pueblo carlista está dotado de instituciones y otros medios para expresar sus características comunes y su deseo de mantener su manifiesta identidad.

El Pueblo Carlista es una realidad incontestable en el conjunto del Carlismo. Unas personas con conciencia de ser un Pueblo, que tiene una personalidad muy acusada y una visión particular de la vida cotidiana y que, sobre todo, no está para mimetismos con otros fenómenos políticos, sean éstos del tipo que sean. El Pueblo Carlista no entiende los bandazos en política, y cuando al carlista no le queda algo claro se retira a su casa para que nadie le pueda utilizar, y vuelve a la palestra cuando la libertad de sus Pueblos, la Patria y el Rey le necesitan, cuando se ejerce un liderazgo de forma nítida, diáfana, y de carácter unitario y no disgregador. Uno de los rasgos más acusados de este Pueblo, honrado y combativo, es la fidelidad a unas ideas, a una forma de hacer, a un partido aunque jamás éste haya palpado poder. Su concepción foral de la vida le permite estar abierto a la defensa de todo derecho de las personas, sociedades intermedias y pueblos de las Españas. Su sentido foral le impele a hacer hincapié en las libertades municipales, porque son las leyes, la legislación, la gestión que percibe más el ciudadano, harto ya de pagar impuestos a la provincia, a la Comunidad Autónoma, al Estado, y ahora a Europa. Percibir que tu calle está asfaltada, que la alcantarilla funciona correctamente, etc. induce a participar en la vida pública. Esto era el foralismo, el poder legislar lo más próximo. Basándose en esta idea, el Pueblo Carlista defendió siempre soluciones comunitarias a los problemas: bienes comunales, acción Cooperativista agraria, industrial, la defensa de cosas concretas. El Pueblo Carlista está harto de abstracciones que son propias del universo liberal, y quiere libertades concretas con sus derechos y obligaciones y que sean trasladables al día a día y no estén reservadas para su discusión en las salas de justicia. Quien se pretenda carlista y olvide en sus líneas programáticas y de acción que existe ese sentimiento de ser pueblo carlista, no tiene nada que hacer.

Los intelectuales liberales, los políticos profesionales al servicio permanente del sistema, en su obsesión por el poder podrán elucubrar cuanto que deseen, y vivir así del cuento unas temporadas más a costa de denigrar el carlismo, pero nunca entenderán a un Pueblo como el carlista, que siempre ha sido antidictatorial, que fue antifranquista cuando tuvo que serlo, que se ha mostrado históricamente antiuniformista, y que, también, ha sido capaz de levantarse contra toda tiranía y mandarinato cuantas veces ha sido necesario. Por eso –como nos indicaba Ramón Hernández- la permanencia del fenómeno carlista les resulta algo inconcebible después de casi dos siglos sin haber tomado el mínimo poder.

Publicado en el libro La lucha silenciada del carlismo catalán, bajo el epígrafe de Una presencia permanente. VI.- El Pueblo carlista, la realidad plural del carlismo (Biblioteca Popular Carlista, núm. 17 , Ediciones Arcos, Sevilla 2007) y tomado de la web http://www.reflexioncritica.blogspot.com